El Gobierno de la provincia de Buenos Aires solicitó a la Justicia que desestime la medida cautelar promovida por la Municipalidad de General Pueyrredon en el marco de la disputa por la administración del complejo Punta Mogotes. El pedido fue presentado por la Fiscalía de Estado ante el Juzgado Contencioso Administrativo N° 1 de Mar del Plata.

La presentación busca impedir que prospere el reclamo municipal para suspender cualquier avance vinculado con el proceso licitatorio de las unidades turísticas, incluyendo la convocatoria, adjudicación y ejecución de futuras obras. Desde la Provincia sostuvieron que una decisión judicial en ese sentido afectaría directamente el funcionamiento de la Administración Punta Mogotes y comprometería intereses de carácter público.

Entre los argumentos expuestos, el Ejecutivo bonaerense señaló que los contratos de concesión de los balnearios tienen vencimientos previstos entre junio y septiembre de este año. En ese contexto, consideró que la paralización del proceso generaría incertidumbre para los actuales operadores, dificultando la organización de la temporada 2026/2027.

Además, remarcó que la actividad en el complejo requiere planificación anticipada, inversiones, tareas de mantenimiento, contratación de personal y la obtención de habilitaciones. Según advirtió, la falta de definiciones sobre el futuro de las concesiones podría afectar la preparación de los establecimientos y repercutir en el movimiento turístico y laboral asociado a la temporada estival.

Por otra parte, la Provincia cuestionó el depósito de 14 millones de pesos realizado por el Municipio en relación con la deuda vinculada a Punta Mogotes. Indicó que la validez de esa obligación continúa siendo objeto de un litigio judicial aún no resuelto y recordó que tanto la Provincia como la Administración Punta Mogotes rechazaron formalmente esa interpretación.

Asimismo, sostuvo que la deuda corresponde a la Administración Punta Mogotes, ente integrado en un 70% por la Provincia y en un 30% por el Municipio, y recordó que desde 1997 existe un esquema de cancelación en cuotas que contempla intereses y otros componentes financieros.