La motosierra oficial sumó una nueva acción destructiva en el campo de los bienes culturales y el patrimonio intangible de los argentinos. A través del Decreto 687/2026 publicado este jueves 30 en el Boletín Oficial, el Gobierno nacional oficializó la disolución del Coro Nacional de Niños, un organismo musical de excelencia con 59 años de trayectoria institucional y artística que dependía de la Secretaría de Cultura de la Nación. La medida fue firmada por el presidente Javier Milei y el jefe de Gabinete Diego Santilli. Con esta resolución se elimina la estructura histórica creada en 1967, manteniendo únicamente bajo la órbita estatal al Coro Polifónico Nacional.

Como ocurre cada vez que se liquida el patrimonio estatal, en este caso una institución de formación artística y profesional profundamente ligada a la cultura musical argentina, el procedimiento incluye promesas abstractas acerca de posibles alternativas, que sin embargo por el momento no va más allá de una serie de buenas intenciones explicadas con títulos más o menos encantadores. Lo único cierto por el momento es que el Estado Nacional suprimió una de las instituciones de la actividad artística y cultural.

En los considerandos de la normativa, el Ejecutivo argumenta de forma técnica que los objetivos de promoción que desarrollaba el emblemático organismo “pueden alcanzarse mediante acciones y programas de formación, perfeccionamiento y desarrollo artístico de alcance más amplio”. En su reemplazo, se ordenó la creación de un difuso “Programa de Formación Artística” destinado a niños y adolescentes.

Si bien el discurso oficial sostiene que la reconversión busca favorecer “una mayor participación y acceso de niños y adolescentes de todo el territorio nacional” para promover una distribución de bienes culturales “más amplia y federal”, el texto del decreto entra en un terreno de absoluta opacidad operativa. La resolución no precisa cómo funcionará el nuevo programa, cuál será su modalidad de implementación, cuántos participantes tendrá ni cuándo comenzará a funcionar. Es decir, la realidad fáctica indica que se borró una institución cultural de la órbita pública bajo la lógica del “después veremos”.