El precandidato a intendente por Cambiemos, Carlos Fernando Arroyo celebró el 9 de Julio en el barrio Hipódromo junto a la gente del sector y además estuvo acompañado por la Juventud Arroyista.

Es para doce aulas de establecimientos provinciales y es producto de una reunión que llevó a cabo el Suteba General Pueyrredon y la consejera escolar por el FPV, Marta Guerra con la directora de Educación, Nora De Lucía.

Lo denunciaron taxistas que aseguran que “es una movida política para poner en discusión la instalación del Gps en las unidades”. Aseguraron que cada conductor está empadronado, por lo que “sería fácil encontrar al delincuente”.

La Defensoría del Pueblo de General Pueyrredon dictó una resolución mediante la que expresa su preocupación ante la urgente necesidad de adecuación del monto mensual asignado a los beneficiarios del “Programa de Asistencia para Pacientes Inmunodeprimidos” y “Asistencia Alimentaria para Pacientes Celíacos” que ejecuta el Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia de Buenos Aires, que es de $ 150 en concepto de ayuda alimentaria y rige sin actualización desde diciembre de 2010.

Cansados de la falta de avances en su proyecto, denunciaron que les “cajonearon la propuesta” para establecer un marco regulatorio sobre la actividad. “Queremos que el tema se trate de una vez por todas y tener certeza sobre nuestro trabajo”, insistieron.

La Corte garantizó que se respete la voluntad de un paciente para que se suspendan las medidas que desde hace 20 años prolongan artificialmente su vida, un “caso único” en la jurisprudencia nacional.

Así lo expresaron Pablo Madeira y Viviana Izquierdo, en diálogo con Cazador de Noticias. Ambos participaron en la apertura de la oficina que abrió sus puertas para albergar a una mayor cantidad de personas que la ubicación anterior. “Además, mejoramos el sistema; ahora todos atienden todo tipo de trámites”, adelantaron.

Vecinos se acercaron al predio de la ruta 88 y les informaron que no había garrafas de 15 kilos y que “de 10, había sólo 10 unidades”. Muchos vinieron desde lejos, porque en sus barrios se las venden a $100. Piden regulación.

Lo aseguró Gastón Herrera, titular del área, en diálogo con Cazador de Noticias. “Le hacemos notar a la gente que el Estado está presente”, sostuvo. Junto con él, nueve personas contienen y protegen a vecinos que atraviesan situaciones de inseguridad.

Son cerca de 300 familias que se encuentran en una situación crítica. Esperaban que aprobaran la expropiación pero se dio marcha atrás. “No nos dan los subsidios prometidos, no podemos esperar un mes más en estas condiciones”, se lamentaron.

Muchas personas se encontraron este miércoles en horas de la mañana con un cartel en la entrada que indicaba: “ ”La institución permanecerá cerrada“. Sin más explicaciones, se quedaron sin atender y ni siquiera fueron derivados.